La invisible crisis migratoria en Ecuador. 

La movilidad humana ha constituido a lo largo de la historia de Ecuador un enigma de amplio debate, e incluso controversias.

Para ello, es importante determinar que la movilidad humana constituye todo acto de traslado espacial (geográfico) de un lugar a otro. Los movimientos migratorios han formado parte del desarrollo del ser humano: hace millones de años, en el albor de la historia, nuestra especie era nómada, pues buscaban satisfacer sus necesidades agotando los recursos del entorno. Desde entonces, y hasta ahora, las personas se han desplazado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida.

Ecuador a lo largo de su historia ha vivido un sinnúmero de éxodos migratorios, siendo una referencia moderna, la emigración de ecuatorianos a finales de los años 90, cuyos destinos principales fueron Estados Unidos, España e Italia. La grave crisis económica y política debido a la dolarización obligó a muchas familias a dejar sus lugares de origen en busca del ansiado progreso y el bienestar económico.

A pesar de vivir en un país inmerso en crisis de toda índole, Ecuador ha sido un país receptor de inmigrantes. En la década de los 80, fue país de acopio de ciudadanos colombianos, los cuales, se vieron obligados a salir de su patria en vista de los graves problemas sociales de la época. Además, en la reciente crisis migratoria venezolana, Ecuador se convirtió en uno de los destinos predilectos debido a su aparente estabilidad económica producto de la dolarización.

Con estos antecedentes, Ecuador ha vivido a lo largo del último año, un creciente, silencioso y preocupante aumento migratorio, en donde, se ha podido evidenciar alarmantes cifras. Según estadísticas de ACNUR, en 2022 alrededor de 30.000 persona cruzaron la peligrosa selva del Darién ubicada en la selva colombiana – panameña. Además, hasta abril de 2023 cerca de 15.000 personas han transitado esta peligrosa ruta, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Los motivos de este significativo aumento son diversos. El más evidente: la crisis económica producto de la pandemia y sus secuelas, que dejaron graves afectaciones y provocaron un aumento considerable en los índices de desempleo. Este panorama se complejizó con una invisibilizada inestabilidad política y social que terminó por materializarse en atentados carcelarios, extorsión, entre otros.

En materia de derechos, las condiciones inhumanas en las cuales se llevan a cabo estos desplazamientos han despertado el interés de varios colectivos de defensa de derechos humanos. Se ha observado la clara vulneración de derechos a los que se exponen los migrantes y sus familias, considerando que, en su gran mayoría, estas salidas se dan en compañía de niños, niñas y adolescentes.

Las personas en situación de movilidad humana son consideradas un grupo de atención prioritaria desde un marco constitucional; es decir, necesitan un tratamiento especial por parte del Estado dado su clara condición de vulnerabilidad. En tal sentido, han sido evidentes las carencias en protección de derechos de los diferentes organismos estatales con el fin de prevenir prácticas migratorias que atenten contra la dignidad.

Este preocupante aumento afecta de manera directa los derechos de niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración las peligrosas condiciones a las cuales se exponen. Además, en muchas ocasiones el desenlace en este tipo de contextos puede desencadenar incluso en la muerte.

Es importante tomar en consideración las graves vulneraciones de derechos, debido a la que muchos consideran el exilio migratorio más importante de la última década, en donde, se ha puesto en evidencia la carente aplicación de los diversos programas y políticas públicas existentes. Se ha dejado de lado un necesario análisis con enfoque de derechos, para priorizar una estricta aplicación normativa, lo cual, a mediano plazo, traerá graves consecuencias.