Autora de la fotografía: Aurora Moreno
A lo largo de la historia, las mujeres han luchado para ser reconocidas y ser parte de la toma de decisiones en el país. Gracias a estos esfuerzos es que desde hace noventa y nueve años las mujeres gozamos del derecho al voto; sin embargo, seguimos enfrentando obstáculos para acceder a espacios de poder y decisión.
Ecuador cuenta con leyes y políticas públicas que buscan promover la participación de las mujeres en la política. Dentro del marco normativo se destaca el Código de Democracia donde se garantiza que, en la conformación de las candidaturas para elecciones populares, el 50% de participantes deben ser mujeres, lo que ha permitido que se legisle de forma más inclusiva.
Estas medidas permitieron que la Asamblea Nacional, ahora disuelta, estuviera conformada por 76 hombres y 61 mujeres, lo que representa el 44.53% de participación femenino en el pleno. Más allá de la ideología política, esto significa un gran avance para el país en materia de género, puesto que problemas, conflictos y métodos de violencia que sólo vivimos y conocemos las mujeres han sido expuestas y tratadas en la Asamblea, de manera que se van consiguiendo que varios de estos proyectos se conviertan en ley.
A pesar de estos avances, aún existen desafíos que enfrentamos las mujeres que decidimos ejercer la política: como la discriminación, los estereotipos de género y la violencia política.
En la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer (LOIPEVM) se establece lo que significa la violencia política y se reconoce que esta es una forma de violencia en contra de las mujeres que se caracteriza por el menoscabo o la anulación de los derechos políticos asociados al género. Sin embargo, que se reconozca este tipo de violencia no ha sido de utilidad porque no existe una sanción específica.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) reconoce apenas tres tipos de violencia, estos son: violencia psicológica, sexual y física. Entonces, la violencia política no está tipificada y, por ende, por el principio de legalidad no tiene una sanción; razón por la cual quienes ejercen este tipo de violencia no tienen responsabilidad penal.
El rol que tiene la sociedad es fundamental ya que se debe trabajar para superar estos obstáculos y promover una participación política plena e igualitaria para las mujeres. Esto implica fortalecer las políticas de igualdad de género, fomentar la educación y la conciencia sobre la importancia de la participación femenina en la política, así como promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres.
La participación de las mujeres en la política no solo es un derecho humano fundamental. El contar con la perspectiva y la experiencia de las mujeres en la toma de decisiones constituye una condición necesaria para lograr la igualdad de género y construir una sociedad más justa e igualitaria.
En conclusión, la participación de las mujeres en la política ha experimentado avances significativos hacia la conquista de la igualdad de género. Aunque todavía existen desafíos por superar, es fundamental seguir promoviendo y apoyando la participación de las mujeres en la política; puesto que esto no solo beneficia a las mujeres en sí, sino a toda la sociedad. Esta lucha no sólo es urgente, sino que también es una deuda histórica en gratitud a las mujeres que labraron el camino para tener los derechos que hoy gozamos las ecuatorianas.
Ab. Paula Villacrés
Activista en Derechos Humanos.